Faltando tres semanas para que Petro-Perú vuelva a producir petróleo y gas merced a su asociación forzosa con Graña y Montero (GyM) en los lotes III y IV (Talara), el Gobierno habría decidido revaluar la conveniencia de este negocio para el país. En efecto, mientras la estatal cuenta los días que la separan del 5 de abril, fecha en la que debería asumir la coadministración de ambos lotes, el Ministerio de Energía y Minas(Minem) habría resuelto objetar la validez de dicho contrato.Así, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Minem devolvió a Perú-Petro los expedientes de ambos lotes aduciendo que estos "fallan en sustentar que la participación de Petro-Perú no colisionará con la Ley 30130 (Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, el principal activo de la empresa)".Cabe señalar que Perú-Petro, en su calidad de supervisor de los contratos petroleros, tiene como atribución decidir si una empresa califica para explorar o explotar un lote. Como tal, calificó positivamente a Petro-Perú para coasumir la administración de los lotes III y IV con el 25% de participación.El Minem habría considerado que Perú-Petro ha sido poco riguroso al conceder dicha calificación, sobre todo cuando la Ley 30130 establece un ‘candado’ a este tipo de iniciativas. Como se sabe, el Ministerio de Energía y Finanzas (MEF) impuso esta norma para obligar a Petro-Perú a ceñirse al proyecto de modernización de la refinería de Talara y evitar que distraiga esfuerzos en otros proyectos de riesgo. Fuentes cercanas a la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, indicaron que la observación no es casual, ya que su administración estaría apuntando a limitar, antes que a alentar, la participación de Petro-Perú en la explotación. Esto iría en contra de los lineamientos del ex ministro Eleodoro Mayorga, que estaba convencido del retorno de la petrolera estatal a la producción, debido a que este negocio, pese a que es de riesgo, permitiría a Petro-Perú tener mayores rentas.