¿ESTAMOS PREPARADOS?

El violento episodio suscitado hace dos semanas en Pichanaki, que lamentablemente dejó como saldo una persona fallecida y más de 50 heridos (entre policías y manifestantes), ha vuelto a poner en duda si la estrategia del Gobierno en la prevención de los conflictos sociales es la adecuada.¿Es que el Gobierno no aprendió las lecciones tras Conga y Espinar? ¿Acaso es negativo el balance de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, repotenciada hace dos años y medio?La importancia de determinar las respuestas cae por su propio peso: la economía del país afrontó un período de desaceleración en el 2014 y este año buscará recuperarse. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de los 210 conflictos sociales identificados hasta el 31 de enero pasado, más de un 70% involucraba a los sectores extractivos. Es decir, minería e hidrocarburos, precisamente los que más contribuyen con el PBI.¿MENOS O MÁS? Entre el 2006 y el 2011, el gobierno de Alan García afrontó una serie de conflictos sociales que no solo retrasaron varios proyectos importantes como Tía María, Quellaveco, Río Blanco, Pucamarca, Corani, entre otros, sino que significaron un costo social muy alto: 191 muertos.El inicio del período de Ollanta Humala no fue ajeno a este problema: entre el 2011 y el 2012 las protestas en Conga y Espinar ocasionaron la caída de dos presidentes del Consejo de Ministros. Sin embargo, desde entonces el número de conflictos sociales se ha reducido tanto en número como en intensidad.