La Defensoría del Pueblo planteó que sea la propia empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) quien pague la auditoría internacional que se hará para detectar las causas de la rotura del ducto de líquidos del proyecto Camisea, ocurrido el último sábado.En una nota de prensa, la Defensoría consideró que la aplicación del principio de Internalización de Ccostos Y Responsabilidad Ambiental, consagrado en la Ley General del Ambiente, "los costos de la auditoría internacional de la tubería deberían ser asumidos por el operador".