El Congreso constituyó ayer una comisión parlamentaria que investigará las causas por las que el ducto de líquidos de Camisea sufrió su quinta rotura. El plazo otorgado a este equipo de trabajo para determinar responsabilidades políticas y administrativas en este incidente es de 45 días.Evaluará también los compromisos asumidos por Transportadora de Gas del Perú (TGP), administradora del gasoducto, en materia ambiental. El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Juan Valdivia, no descartó que al término de las investigaciones se recomiende la renegociación del contrato con TGP por parte del Estado peruano."Si se demuestra que se utilizaron materiales inadecuados, así como la complicidad entre funcionarios y TGP para hacer una mala obra, recomendaremos que el Estado renegocie o resuelva el contrato", manifestó.