Hace casi seis meses, la Comisión de Fiscalización del Congreso decidió involucrarse en la existencia de supuestos juicios vigentes que las empresas concesionarias de la carretera Interoceánica mantendrían con el Estado (lo cual las inhabilitaría para participar en el proyecto). Se prometió un informe al respecto.El hecho es que dentro de la misma comisión se elaboró dos informes. Uno de ellos, presentado el pasado miércoles y suscrito por los congresistas Wilmer Rengifo, José Devéscovi, Cecilia Tait y Juan de Dios Ramírez Canchari, sostiene que las empresas no están inhabilitadas para participar en las obras. Se basan en informes de la Corte Suprema de Justicia.Además, este informe concluye que la opinión emitida anteriormente por el contralor general, Genaro Matute (quien sostenía que sí existían tales juicios), supone cierta "negligencia" en el cumplimiento de sus funciones. "Es un jalón de orejas para que el contralor tenga más cuidado al hacer declaraciones", sostuvo Wilmer Rengifo. Este Diario intentó comunicarse con el contralor, pero no fue posible.