EDITORIAL. El directorio de Perupetro ha decidido entregar sin licitación un grupo de lotes petroleros ubicados en el noroeste del país a los actuales concesionarios, cambiando las reglas de juego, afectando la seguridad jurídica en el sector y a Petroperú. La decisión que involucra operaciones por más de 500 millones de dólares ha implicado la modificación de acuerdos del directorio de la empresa sin el debido sustento técnico, detalles que el directorio de Perupetro se niega a revelar. Como se sabe, en febrero del 2012, el directorio de Perupetro decidió licitar todos los lotes cuyos contratos estaban a punto de concluir basados en la determinación de alcanzar nuevas y mejores condiciones de explotación para revertir la rebaja de la producción nacional de crudo y mejorar la recaudación fiscal por el pago de las concesiones. El esquema aprobado pretendía llevar a cabo una licitación internacional, rechazaba la perspectiva de la prórroga de los contratos e incluía a Petroperú como socio minoritario en la explotación con un mínimo de 25% de participación. El actual directorio deshizo este acuerdo con el argumento peregrino de que un concurso implicaría el descenso de la producción por factores de tiempo, un razonamiento que si se usara en otros ámbitos del Estado eliminaría las modalidades de contrata y licitación en todos los casos. La exención de los concursos fue gradual. Primero se prorrogó por dos años la concesión de siete lotes. Luego, a inicios del año pasado, se prorrogó en forma polémica por un año más los contratos de los lotes III y IV en manos de Interoil; en diciembre pasado ambos lotes fueron licitados por separado, con un solo postor en carrera; el nuevo concesionario operará por 30 años. Finalmente, hace poco, en el caso de tres lotes (VII, VI y XV) se ha dispuesto una prórroga por 30 años a sus actuales operadores; el decreto supremo que lo ordena no expone las razones técnicas muy necesarias si se trata del cambio de una política y que, además, involucra operaciones por varios centenares de millones de dólares. Estas decisiones dejan mal al Estado frente a su política de soberanía energética anunciada en los inicios del actual gobierno, la misma que conllevó otras resoluciones como las acertadas decisiones de la construcción del Gasoducto del Sur y de la modernización de la Refinería de Talara. Esta última y saludable medida fue acompañada sin embargo de medidas incoherentes como la Ley Nº 30130 que permite privatizar un 49% de las acciones de Petroperú. En el asunto de los lotes, nuevamente esta empresa estratégica es perjudicada desde el mismo Estado. El Congreso debería investigar el proceso de entrega de lotes a dedo y, en general, abocarse a un minucioso estudio multipartidario de las recientes decisiones que implicaría malbaratar probadas reservas de petróleo. También debería exigir que se haga de dominio público los por ahora secretos y misteriosos acuerdos del directorio de Perupetro que disponen los cambios de política. Este diario solicitó dichas actas en mayo pasado sin resultados. El patrimonio de los peruanos debe ser tratado con responsabilidad y transparencia.