Sin embargo, el Gobierno liberó a Odebrecht del contrato de Kuntur, alternativa claramente más desfavorable para dicha empresa, en la que asumía los riesgos financieros, técnicos e incrementos de costos, para luego otorgarle una concesión con muchas más ventajas para Odebrecht.Increíblemente, el primer mandatario volvió a dispararse al pie al orientar los reflectores de la opinión pública a un asunto en que el oficialismo tiene muchas cosas que explicar. Esto sucedió al volver a respaldar al ministro Mayorga frente a las nuevas denuncias efectuadas en diversos medios de comunicación sobre presuntas irregularidades efectuadas en el otorgamiento de la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Humala Tasso enfatizó que el modelo anterior (la concesión de Kuntur) era "lesivo para el país" porque significaba un desembolso de US$ 1,200 millones por parte del Estado para una obra privada.La única explicación que puedo encontrar para las palabras del primer mandatario es que no haya sido bien informado. De lo que se trata es de comparar el contrato de la concesión de Kuntur (K) y el contrato del GSP para ver si el primero era o no "lesivo para el país".1La concesióna Kuntur.En el contrato de K, esta empresa de propiedad de Odebrecht, tenía la obligación de tender un gasoducto; sin ducto para líquidos (aunque lo solicitó infructuosamente) ni subsidios de los consumidores, y se estimaba una inversión de US$ 1,365 millones. Asumía los riesgos financieros, técnicos y los incrementos de costos que se podían producir. Y para asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones había presentado una garantía de US$ 70 millones. Posteriormente se explicó que el proyecto de gasoducto tenía dos alternativas: seguía su curso normal, que implicaba que luego de concluir las etapas de confirmación de reservas, contrato off takers y financial closing, y la construcción, se concluía el proyecto en el año 2020. Y la segunda alternativa era el "proyecto anticipado", en el que la construcción del ducto hasta Quillabamba (etapa de back up al ducto de Camisea) concluía en el 2014. Precisándose que este tramo era "una cuestión de seguridad energética y de alivio de la restricción eléctrica del país", además de posibilitar el inicio de la masificación de gas en el sur (1). Y Cofide prestaría los recursos para esta etapa.Sin embargo esta segunda alternativa de ninguna manera era vinculante para el Gobierno. Y las obligaciones de K establecidas en el contrato seguían plenamente vigentes aún después que el Gobierno aprobara una subasta de un gasoducto paralelo al de K con subsidio de los consumidores, con lo que la rentabilidad de K desaparecía. En este sentido es muy importante precisar que la concesión otorgada a K era una bajo la modalidad de solicitud de parte (Art. 12 del Reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos). Y este reglamento no otorga al concesionario ni una exclusividad geográfica ni territorial. Por lo que el Gobierno mantenía la potestad de exigirle a K el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y en caso de incumplimiento ejecutar la carta fianza. Proceso para el cual tuvieron dos años, y debieron de haberlo efectuado antes de la subasta para el GSP. Sin embargo, el Gobierno optó por no hacerlo. Probablemente porque si lo hubiera hecho Odebrecht habría solicitado un arbitraje o acudido a la justicia, lo que lo hubiera inhabilitado de participar en la subasta del GSP. 2La concesión delGasoducto Sur Peruano.En el caso del GSP las condiciones difieren sustancialmente de las establecidas en el caso de K. Una primera diferencia significativa es que se le otorgará un subsidio de los consumidores eléctricos, que en el caso del otorgado a Camisea, hace 14 años, ascendió a US$ 450 millones. En este caso se trata de garantizarle al GSP un cierto nivel de ingresos que le permitan facilitar el financiamiento y asegurarle un cierto nivel de rentabilidad. El argumento principal para los considerables incentivos otorgados al GSP fue la seguridad de los ductos de Camisea, que transportan más del 40% de la energía del país. Por lo que en primer lugar hay que considerar un tema de principios, ¿por qué los consumidores eléctricos tenemos que subsidiar la seguridad del gasoducto actual? ¿Acaso no es obligación básica e intransferible del Estado el proveer la seguridad contra los atentados terroristas?El subsidio de los consumidores.¿Y por cuanto tiempo los consumidores tendremos que subsidiar al GSP?, pues hasta que la demanda del proyecto no supere los 500 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), aproximadamente un tercio de la capacidad prevista del ducto, y volumen mínimo para asegurar su viabilidad.Naturalmente, hay diversas opiniones acerca de cuánto demorará en llegarse a ese nivel. Los promotores del proyecto inclusive llegan a manifestar que de repente ni se aplica la GRP, porque con la demanda de la central térmica de Quillabamba, el nodo energético (dos centrales termoeléctricas de 500MW cada una) y la reserva fría de Enersur ya se llegaría a los 500 mmpcd. Pero la experiencia y la realidad indican otros problemas: Electroperú se demorará en poner en operación la CT de Quillabamba; hay problemas técnicos y retrasos importantes en la puesta en operación de los megaproyectos mineros en los que las autoridades han esperanzado el crecimiento del PBI (y la demanda eléctrica) del 2015. Por ejemplo, Las Bambas ha retrasado un año el inicio de sus operaciones.¿Y la compensación a los consumidores?En el Perú se han otorgado subsidios de los consumidores eléctricos en dos casos: en el de Camisea y en el del GSP. En el primero había que desarrollar el mercado del gas, pero 14 años después este ya está bastante desarrollado, por lo que ahora no se justificaría dicho subsidio. De otro lado, un asunto que debe de generarle problemas a las autoridades es: ¿cómo compensarán a los consumidores eléctricos? En Camisea no hubo ningún problema porque los US$ 450 millones entregados por el subsidio fueron compensados ampliamente porque al sustituirse las centrales a diésel por el gas, el ahorro fue enorme y bajaron las tarifas eléctricas. Hay un estudio de ESAN que establece que en los 6 primeros años de operación se ahorró al Perú US$ 13,800 millones. Sin embargo, en el caso del GSP ya no se produciría dicha compensación. Y aunque la ley establece que los beneficios deben de superar a los costos, las tarifas eléctricas no bajarán. Es por ello quizá que el ministro Mayorga no contesta las preguntas sobre cómo serían compensados los consumidores, señala el economista Manuel Romero Caro.
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