El encarcelado abogado Rodolfo Orellana Rengifo utilizó dos informes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para iniciar las estafas de su Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), con la que, según la fiscalía, timó por más 56 millones de soles al Estado Peruano.Todo comenzó en marzo del 2008, dos meses después de la fundación de Coopex, cuando otra cooperativa presuntamente vinculada a ‘El Gordo’, Credipyme Perú Ltda., le pidió a la SBS emitir una opinión respecto a que si podía o no avalar a sus asociados que brinden servicios al sector público. Esta consulta dio origen al informe N° 324-2008 LEG.En ese documento, al que tuvo acceso El Comercio, la Superintendencia señala que una cooperativa solamente puede otorgar garantías a sus asociados "siempre y cuando se emitan a plazo y monto determinados y no excedan el límite del 5% de su patrimonio efectivo". No obstante, no se detalla si Credipyme puede o no garantizar negocios con el Estado.