La juez suprema Ana María Aranda Rodríguez, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), negó haber favorecido indebidamente a la red de Rodolfo Orellana el año 2011, cuando integró la Sala Civil Suprema que validó un laudo arbitral fraudulento que le permitió a dicha mafia apoderarse de un inmueble en Lurín."No podemos decir que acá avalamos o protegemos, o que tengo un comportamiento corrupto. Eso es tendencioso y obedece a una campaña de desprestigio contra mí y la OCMA que hace un trabajo serio y responsable", precisó Aranda. Añadió que es absolutamente falso que la OCMA avale a Orellana o a cualquier otro personaje. "Tenemos una conducta transparente, honesta, leal. Hacemos esfuerzos para combatir la corrupción", enfatizó.Agregó que el 2011 no se conocía quién era Orellana y que las víctimas no supieron defenderse ante la Corte Suprema. Fue tan enfática en su afán de defenderse de las críticas de la prensa que por momentos parecía vocera de la red Orellana.