El cuarto paquete de medidas que aprobó el Congreso preocupa a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, sobre todo porque, entre otros, crea la certificación ambiental integrada, que no contribuye a facilitar las inversiones, pues plantea trasladar al administrado titular de un proyecto las consecuencias de la inacción de las autoridades a cargo de emitir las opiniones técnicas vinculantes (ANA, Digesa). Además, dispone que el trámite de certificación ambiental se declarará concluido y archivado por el Senace si dichas autoridades no emiten su opinión al estudio presentado en el plazo de 50 días. Es decir, la inacción de esas entidades del Estado se trasladarían al administrado, quien iniciaría de nuevo todo el trámite de certificación ambiental integrada.
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