Otra medida en el proyecto del Gobierno en el tema laboral es la reformulación del arbitraje potestativo, para que solo se acceda a esta instancia si existe una etapa previa de negociación directa entre la empresa y sindicato. Actualmente, con la implementación de este tipo de arbitraje, el sindicato o empresa puede obligar al sometimiento de la resolución de los reclamos salariales, cuando se trate de la primera negociación o cuando exista mala fe. Así, en la práctica, lo que ocurre es que este sistema arbitral perjudica la negociación directa entre el sindicato y la empresa, ya que usualmente se busca que el arbitraje resuelva el reclamo sindical, y algunos sindicatos suelen acreditar presunta mala fe en la negociación de las empresas (no entrega de informes económicos, no permitir el ingreso de los abogados del sindicato, entre otros).
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