El acceso a la tierra ha sido y sigue siendo el principal desafío de la exploración mineroenergética. Pero hoy es una barrera casi infranquebale debido a las crecientes demandas de las comunidades (dueñas de los terrenos superficiales) que tiene el efecto de paralizar proyecto de exploración vitales para el país, como del lote 58 (Cusco).En este caso, los nativos de Puerto Huallana exigieron a Petrobras una "indemnización" de US$ 10 millones para permitirle avanzar con la exploración.El caso se "cerró" finalmente en US$ 1 millón, como informamos ayer. Para evitar la proliferación de casos como este, el gobierno exigirá en adelante que las mineras registren todas sus negociaciones sociales con las comunidades en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), anunció Fernando Castillo, director general de gestión social del sector."Hemos hecho una corrección en el nuevo reglamento ambiental minero [art. 63] que apunta a aliviar este problema", dijo.