La corrupción se extiende como mancha de aceite. Prófugos de la justicia como Martín Belaunde Lossio o Rodolfo Orellana, ya capturado, son apenas la punta de iceberg, según se desprende de las acciones de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR), que han permitido identificar a 6,506 autoridades, funcionarios y servidores públicos como autores de presuntos delitos contra la administración pública en el periodo enero 2009-agosto 2014. La mayor parte de los involucrados en estos hechos pertenece a los gobiernos locales y regionales. Asimismo se ha determinado que 7,335 funcionarios tendrían responsabilidad civil, al haber ocasionado un perjuicio económico al Estado, dinero que tendrán que devolver -según la CGR- si los tribunales los encuentran culpables de omisiones funcionales o de conductas negligentes.