En el tercer paquete de reactivación de la economía propuesto por el Ejecutivo se incluyó todo un capítulo referido a la promoción de la eficiencia mediante la participación de inversión privada en las empresas del Estado de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, que se encuentran en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Lamentablemente, este capítulo fue retirado. En el debate se argumentó que este planteamiento implicaba una privatización y que, además, significaría un aumento en la tarifa eléctrica que se cobra a los usuarios.Las empresas eléctricas que pertenecen a Fonafe son 16, de las cuales 11 son distribuidoras eléctricas y 5 se dedican a la generación. En el rubro de distribución, las empresas públicas atienden a todo el país, con excepción de los departamentos de Lima e Ica, donde la distribución eléctrica es brindada por empresas privadas. En el campo de la generación, las empresas públicas representan el 22% del total de la generación eléctrica nacional. La propuesta fue clara al indicar que su objetivo era incorporar capital privado a través de la ampliación del capital de las empresas estatales entre un 20% y 40%, vía el mecanismo de la Bolsa de Valores. El Estado Peruano no iba a vender una sola acción; por ende, no se hubiera tratado de una privatización, ya que no se habrían vendido acciones de propiedad estatal. Lo que se pretendía era que actores privados suscriban nuevas acciones e ingresen como socios, asumiendo así los riesgos del negocio. Con esta alternativa, el Estado hubiese permanecido como accionista mayoritario y, por consiguiente, hubiese mantenido el control de la empresa, con la diferencia de que contaría con socios que inyectasen liquidez a las empresas. Dicha liquidez, como la propia norma señalaba, habría sido destinada a los proyectos de inversión de las empresas. Este capital fresco sin duda permitiría emprender más y mejores obras que repercutirían en un mejor servicio al ciudadano, que es, por supuesto, la preocupación final de la empresa y del Estado. El hecho de utilizar el mecanismo de la bolsa de valores tenía dos objetivos claros: garantizar la transparencia de la operación e incorporar a las empresas públicas a un régimen de mercado. Esto las obligaría a informar periódicamente a la Superintendencia del Mercado de Valores y a cumplir con los estándares de gobierno corporativo que rigen para las empresas que listan en bolsa. En cuanto al supuesto aumento de las tarifas eléctricas que, según los opositores a la propuesta, se originaría por la incorporación de los privados, es necesario precisar que en el sector eléctrico las tarifas son fijadas periódicamente por el Osinergmin, y que este no toma en cuenta si las empresas son públicas o privadas. El ente regulador únicamente coloca la tarifa que técnicamente corresponde. Así lo viene haciendo desde que fue creado, por lo cual, a pesar de la cantidad cada vez mayor de empresas privadas en el mercado, no ha existido un incremento tarifario desproporcionado.Consideramos que estas medidas son fundamentales para la modernización y el fortalecimiento de las empresas eléctricas estatales. Por eso, confiamos en que el Congreso pueda discutir nuevamente este tema. Los beneficiados seríamos todos los peruanoss, señaló Tito Almora, director ejecutivo de Fonafe.