En la Corte Superior de Justicia de Ucayali habría operado una red ilícita de magistrados del Poder Judicial que impidió la investigación penal al prófugo Rodolfo Orellana Rengifo y habría facilitado sus actividades ilícitas, a través de acciones de hábeas corpus, amparos y medidas cautelares.Así lo establece la fiscal suprema de Control Interno, Nora Miraval Gambini, al disponer el inicio de una investigación preparatoria por presuntos ilícitos penales al presidente de la Corte de Ucayali, Francisco Boza Olivari, y cinco jueces supernumerarios de dicha corte.La investigación tomó como base las investigaciones del diario La República y la revista Caretas y un Informe de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, que vinculan a Boza Olivari y un grupo de jueces con la red de Orellana.