‘‘La sociedad adolece de cierta enfermedad, en el Perú hay una especie de tolerancia hacia ciertas actividades corruptas’’, afirma el coordinador de las Fiscalías Corporativas Especialidades en Lavado de Activos, Marco Guzmán Baca. Entre enero y octubre de este año, estas fiscalías reportaron tener una carga de 133 casos judicializados. Sin embargo, el récord anual muestra que se llega a condenar solo a unas seis personas en promedio. ‘‘Generalmente se llevan los casos hasta la Corte Suprema y en la mayoría de veces ahí los han declarado en nulidad’’, explica el fiscal Guzmán. Tanto la minería ilegal como el tráfico ilícito de drogas y otras actividades criminales como la extorsión y el contrabando alargarían la condena hasta los 25 años de cárcel, pero a nadie hasta ahora se le ha impuesto esa pena. Según cifras del Ministerio Público, alrededor de US$ 10,000 millones serían producto del lavado de activos por año. Casi la tercera parte, provendría únicamente de la minería ilegal.
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