La procuradora contra el lavado de activos, Julia Príncipe, acusó a la Fiscalía de la Nación de retrasar el trabajo administrativo en casos claves como Áncash y Orellana. ‘‘Hay un entrampamiento en el Ministerio Público’’, agregó Príncipe, tras criticar la demora, hasta de un año, por parte de los fiscales en el caso Áncash para responder a sus intentos de continuar con el proceso. Con más de 1,500 casos en investigación, la Procuraduría ha enfocado sus esfuerzos en la presunta red que habría dirigido Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez, su mano derecha. ‘‘Jiménez sería la cabeza del aparato de amedrentamiento para lograr la impunidad de los actos de su jefe’’, explicó la procuradora en Canal N, quien aseguró que el propio excoronel aceptó haberle hecho seguimientos.
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