Los cuestionamiento al proyecto Camisea ya no provienen solo de entidades ambientalistas sino también de organismos como la Defensoría del Pueblo, que ha identificado impactos negativos en el medio ambiente y graves problemas de salud (sífilis e influenza) en los nativos de las zonas aledañas al gasoducto, problemas que ocasionaron la muerte de 17 personas.El adjunto para los temas de servicios públicos y medio ambiente de la Defensoría, Carlos Alza, demandó implementar medidas de mitigación y remediación en caso de incidentes ambientales.Rafael Guarderas, vocero de TGP, empresa encargada del proyecto, indicó que están evaluando el informe de la Defensoría para emitir su opinión sobre el particular. "TGP tomó, como línea de partida para el proyecto, un estudio de impacto ambiental y social aprobado por el Ministerio de Energía y Minas", argumentó.