Entre los efectos de la ley N° 30230, que establece medidas tributarias y simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, aprobada dentro del denominado "paquetazo ambiental", se encuentra la vulneración de la seguridad jurídica de los territorios de comunidades campesinas y nativas, y esas normas juegan contra el ordenamiento territorial, según un análisis realizado por el Instituto del Bien Común.Richard Smith, director de la referida entidad, explicó que en el Título III de la ley sobre los "procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión y otras disposiciones para propiciar la eficiencia en la administración de predios del Estado y facilitar la ejecución de obras de infraestructura vial" no existen precisiones que impidan a futuro beneficiar al empresariado con las confiscaciones o expropiaciones de propiedades que pertenezcan a las comunidades campesinas o nativas.(Edición sábado).