DIVIDE Y SOBORNA

En una reciente encuesta de opinión casi la mitad de los encuestados dijeron que creían que si Luis Castañeda era elegido alcalde de Lima, él "iba a robar, pero haría obras públicas".En las elecciones regionales y locales del 5 de octubre en el Perú, Castañeda, quien niega ser corrupto, ganó en buena lid el puesto. Muchos limeños recuerdan que, durante su mandato del 2003-2010, Castañeda construyó hospitales municipales en zonas pobres y escaleras de concreto en asentamientos humanos. La elección de Castañeda es evidencia del escepticismo de los peruanos respecto a los políticos, sobre todo los locales. De los 25 presidentes regionales salientes, 22 están siendo investigados por malversación de fondos. Tres están en la cárcel en espera de juicio y otro más está fugitivo. Gregorio Santos, uno de los encarcelados por presuntos sobornos y candidato de extrema izquierda contra las empresas mineras, fue reelegido como presidente de la región norteña de Cajamarca, donde se le considera un mártir político. La corrupción generalizada en los gobiernos subnacionales es en parte una consecuencia de la forma errónea en que el Perú ha descentralizado el poder. El principio era sólido: desde la época de los virreyes españoles que gobernaron la mitad de América del Sur desde Lima, el Perú ha sido excesivamente centralizado. La descentralización siguió una tendencia en las nuevas y restauradas democracias de América Latina. Pero en la práctica, según el politólogo Alberto Vergara, lejos de solucionar los problemas del país, la descentralización los ha agravado porque los líderes nacionales han sido capaces de lavarse las manos con ellos. El Gobierno en el 2002 optó por dar estatus regional a 25 departamentos existentes; además, hay 196 provincias y 1,846 municipios "todos para un país de solo 31 millones de habitantes".En comparación con Chile o Colombia, el Perú tiene una gran cantidad de duplicación, opina Carlos Casas, ex viceministro de Economía. Las propuestas para fusionar las regiones fueron derrotadas en referendos. Se delegaron responsabilidades y dinero sin tener en cuenta la escasez de gestores cualificados en los gobiernos locales y la falta de auditoría y control sobre sus gastos. En Colombia, por el contrario, solo los municipios más grandes y con mejores resultados han logrado el control de la salud y la educación, señala Alberto Rodríguez del Banco Mundial. Algunos gobiernos subnacionales han aprovechado al máximo sus nuevos poderes. En los Andes, los alcaldes han construido carreteras que transforman la economía de su pueblo al conectarlo con los mercados nacionales. Moquegua, en la costa sur, ahora tiene las mejores escuelas del país. Pero eso va en contra de la tendencia. La descentralización coincidió con un auge económico. Los gobiernos locales fueron inundados de dinero, sobre todo las 13 regiones que reciben una participación asignada de 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas mineras y petroleras. El resultado es que dos tercios de la inversión pública están ahora a cargo de los gobiernos subnacionales. Algunos infrautilizados. Pero esta bonanza no controlada ha estimulado la captura de gobiernos locales por parte del crimen organizado. En Áncash, al norte de Lima, el encarcelado presidente regional es acusado de asesinato, espionaje y malversación de fondos a escala industrial. Hay pocos esfuerzos para hacer rendir cuentas a los gobiernos locales. Eso es en parte porque ellos mismos recogen solo 1.5% de los ingresos fiscales totales, frente al 6% en Colombia, según Rodríguez. Casi la totalidad de las regiones están a cargo de independientes que representan a movimientos locales ad hoc en lugar de partidos nacionales. Con más de 100,000 candidatos el 5 de octubre, fue imposible hacer un escrutinio detallado de sus antecedentes y fuentes de financiación, señala el consultor político Carlos Basombrío. La descentralización es un síntoma de la debilidad de la democracia peruana y no su causa. Las instituciones nacionales también se han contaminado: el fiscal Carlos Ramos y su antecesor están bajo investigación por vínculos con la banda de Áncash (lo cual ellos niegan), mientras que decenas de legisladores enfrentan acusaciones de corrupción. El Gobierno del presidente Ollanta Humala tiene los medios legales de recuperar el poder y el dinero de las regiones disfuncionales, pero ha optado por no hacerlo. Si bien el injerto de descentralización de hoy en día no está al nivel de la década de 1990 -cuando el presidente Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, ponían a las instituciones nacionales al servicio de un inmenso esquema de extorsión- es especialmente preocupante porque la economía ilegal ha crecido. Perú es actualmente el mayor productor de cocaína del mundo; en tanto proliferan la extorsión y la minería y tala ilegal. Todo esto es una prueba de la debilidad del Estado democrático. El rápido crecimiento económico puede haber adormecido a los peruanos. Pero la economía se está desacelerando. La austeridad podría encender la intolerancia a la corrupción y sentar las bases para un populismo autoritario como el de Fujimori.Artículo de The Economist.