La decisión de la Comisión congresal, a cargo de las indagaciones por las presuntas irregularidades del Gobierno Regional de Áncash, de investigar a ocho jueces por dictar medidas cautelares a favor de cooperativas del grupo Orellana generó la airada protesta de las autoridades judiciales."El Congreso (tiene) derecho a investigar cualquier tema, pero los jueces no pueden ser citados a dar explicaciones sobre los fallos que puedan haber dictado, eso es inconstitucional. Quien exija una declaración o explicación a cualquier juez está cometiendo un acto inconstitucional", declaró el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, desde Trujillo."Cuando una comisión del Congreso pretende citar a los jueces por su labor jurisdiccional esta politizando la justicia y evidentemente constituye un acto de flagrante inconstitucionalidad", refirió en conferencia de prensa el presidente de la Corte Superior de Lima, Iván Sequeiros.(Edición sábado).