Una iniciativa en el Congreso de la República propone sancionar con pena de cárcel no menor de tres años ni mayor de seis años a los funcionarios que incurran en la gestión indebida de intereses, actividad más conocida como lobby ilegal, pues genera un perjuicio al Estado. Asimismo, plantea la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La propuesta es de la bancada Dignidad y Democracia -conformada por los legisladores disidentes del partido del Gobierno, el nacionalismo- y busca reemplazar la Ley 28024, dada en 2003 para regular la gestión de intereses en la administración pública, pero que no ha funcionado pues en sus 11 años de vigencia solo ha conseguido alrededor de 15 inscritos en la Sunarp para ejercer esta actividad, por lo que el 90% lo hace informalmente, indica el texto del proyecto.