Es cierto que alguien podría afirmar que de nuestros congresistas, al menos de muchos de ellos, se debería esperar de todo. Sin embargo, de alguna manera u otra estos consiguen sorprendernos. Y eso es precisamente lo que –si son ciertas las denuncias que han aparecido contra los parlamentarios José León, Heriberto Benítez, Daniel Mora y Luciana León– ha venido sucediendo las últimas semanas. Una de las más graves es la que pende sobre José León, ex vocero de Perú Posible, quien tendría presuntos vínculos con el narcotraficante mexicano ‘Lic’ Torres (sindicado como el dueño de las 7,5 toneladas de clorhidrato de cocaína recientemente incautadas). Este último habría alquilado (a través de Lucía Villavicencio, encargada de la limpieza de la vivienda) la casa en Trujillo del congresista. Aunque el señor León asegura que él no sabía que Torres era su inquilino, las varias contradicciones en las que ha incurrido (sumadas al hecho de que su versión de haber visitado la casa solo en dos ocasiones no coincide con la versión policial) lo han teñido de sospechas. Sospechas a las que habría que agregar las recientes denuncias que lo vinculan al clan Sánchez Paredes. Por su parte, el congresista Heriberto Benítez, quien perteneció a Solidaridad Nacional, también es investigado por presuntos vínculos delictivos. Él habría sido quien abastecía al ex presidente regional de Áncash César Álvarez de la información que el hoy prófugo Rodolfo Orellana captaba vía interceptaciones telefónicas, fungiendo de esta forma como vínculo entre ambas organizaciones criminales. Este mes han estallado, además, denuncias que implican a dos congresistas en presuntas adquisiciones irregulares de propiedades. Por un lado, el peruposibilista Daniel Mora no habría pagado ni un centavo por el terreno de más de 300 metros en Naplo sobre el que construyó su casa de playa: se habría “posesionado” de él como parte de un sospechoso programa municipal. La aprista Luciana León ha sido cuestionada por amortizar, en menos de dos años, más de S/.500 mil de sus dos créditos hipotecarios. Las explicaciones que ha dado sobre el origen de este dinero –asegura que es producto del ahorro de su sueldo de congresista– se amparan en cálculos inverosímiles. Habría que agregarle también a estas irregularidades las novedades en la investigación fiscal al suspendido congresista fujimorista Julio Gagó, quien fue investigado por haberse valido de una empresa fachada para sortear la prohibición legal de los congresistas de contratar con el Estado. Aunque el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, decidió hace unos días –amparándose en que los audios que inculparían al congresista habían sido editados– archivar la investigación, esto ha sido puesto en duda esta semana porque la división de criminalística de la policía anunció luego de un peritaje que el contenido de los audios no estaba adulterado. Y todo esto solo por hablar de los casos de las recientes semanas. Yendo más lejos, podríamos mencionar también al congresista Víctor Grandez, quien es investigado por prostitución infantil; a Cenaida Uribe, quien habría usado su cargo para obtener beneficios particulares; Michael Urtecho, quien se habría apropiado de una donación de sillas de ruedas y habría utilizado comprobantes falsos para obtener el reembolso de sus gastos... La lista sigue y sigue. Solo por darnos una idea, quedándole todavía dos años a este Congreso, ya alrededor del 10% de los 130 congresistas han sido suspendidos por la Comisión de Ética Parlamentaria... La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa acaba de dar a conocer que el Congreso peruano es el más transparente de América Latina. Y no podríamos estar más de acuerdo. Al menos si por “transparencia” se refieren a la capacidad de los congresistas de hacer que el nivel de corrupción e irregularidades que campea en nuestro Parlamento sea evidente…