En el país hay más de una decena de grandes proyectos mineros, cuyas inversiones suman unos US$ 22,000 millones que sufren retrasos. Ello se explica en parte por la persistencia de una “telaraña” de normas y trámites que impiden inversiones en el sector, y que no se han reducida, aún cuando el Gobierno ofreció destrabar este tema. En total, hay 180 normas, entre leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales y de otras instituciones públicas, que afectan a la actividad minera, indica Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep. Desde la década del 90 hasta la fecha, los ministerios de Ambiente, Cultura, Energía y Minas, Agricultura, Dirección de Capitanías de la Marina, Osinergmin, OEFA, gobiernos regionales, han creado sus propios mecanismos y reglamentos para el otorgamiento de permisos y licencias al sector minero, y algunas de cuyas normas se entrecruzan, señala Briceño. La actividad minera enfrenta cerca de medio centenar de normas ambientales (ver cuadro). Contradicciones Briceño añade que, las exigencias del sector Ambiente y de otras nuevas entidades públicas que tienen injerencia en el sector, hace que las empresas mineras, lejos de invertir, se aboquen a realizar trámites que, en algunos casos, hasta resultan contradictorios entre sí. “A veces para obtener un permiso se requiere de algún documento que lo otorga otra entidad, la misma que para emitirlo, exige primero el permiso que se está tratando de obtener; es decir, el enredo es muy grande”, dice. Hasta para usar explosivos, los mineros tienen que pedir opinión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pues la legislación aún está pensada para la época del terrorismo, advierte por su parte Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas.
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