Esta excusa se ha hecho repetitiva en las últimas campañas. Cada vez que se le pregunta a un candidato por su gasto electoral, opta por apuntarse al No Sabe/No Opina de las finanzas partidarias. Es una actitud patética e irresponsable que debe desaparecer de nuestra práctica política. Primero, porque existe una relación entre gastos e ingresos: lo que gasta un candidato en su campaña electoral está sujeto a un retorno en el futuro, sea por la vía formal o informal. No seamos ingenuos. Unos pocos aportarán por razones sociales e institucionales, pero otros muchos por acceder a la toma de decisiones futuras. Y si el candidato pone la suya, con mayor razón habría que preguntarse de qué manera espera capitalizar el aporte. Por otro lado, no es creíble que el(la) candidato(a) ignore el monto de que dispone. Si no conoce el financiamiento y el gasto de su campaña, ¿cómo pretende que confiemos en él o ella para administrar los recursos que estarán a su disposición en la Alcaldía? ¿Le parece intrascendente conocer ello, a sabiendas del pasado y presente de diversos partidos? Los electores tenemos el derecho a saber quién financia a tal o cual candidato. Es una vergüenza que nos oculten la información; y si en verdad desconocieran los orígenes y destinos del dinero, pues su deber es solicitarlos y proveerlos cuanto antes. ¿No sabe cuánto cuesta su campaña? ¿No conoce “los detalles”? ¡Pues pregunte! Averigüe, verifique y comunique. Si, además, tomamos en cuenta los flujos económicos –cada vez más evidentes– que el narcotráfico, la minería ilegal y otras mafias aportan a la política, ese “no manejo las cifras” deja el terreno de la frivolidad política para convertirse en una justificación que linda con la complicidad. Estamos a 11 días de las elecciones regionales y municipales. Queda tiempo para que los candidatos asuman el reto y aclaren sus fuentes de financiamiento y gastos de campaña. Si no pueden con eso, ¿cómo se llenan la boca hablando de honestidad y transparencia?