El legislador fujimorista Julio Gagó Pérez diseñó una estrategia para contratar con el Estado mediante la empresa Copy Depot: simuló que no le pertenecía ni a él ni a su familia, pero estaba bajo su control, concluyó el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Sin embargo, de acuerdo con el razonamiento de Ramos, dicha conducta no califica como delito de patrocinio ilegal ni de negociación incompatible, y recomienda que la Comisión de Ética del Congreso o el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se pronuncien al respecto. Al respecto, Ramos olvidó que, precisamente, el Congreso sancionó con 120 días inhabilitación a Gagó al comprobarse que usó de pantalla a la firma Copy Depot para continuar contratando con entidades estatales. Ramos también omitió que OSCE ha sancionado con 25 meses de suspensión a la empresa Copy Depot por presentar documentación falsa con la finalidad de ocultar la vinculación con el congresista Gagó. Para el fiscal de la Nación no hay pruebas que acrediten los delitos atribuidos a Julio Gagó. Afirma que no está demostrado que Gagó interviniera personalmente para que las entidades públicas contraten a Copy Depot. Y, además, al no ejercer ninguna competencia en el aparato del Estado, el fujimorista no pudo ordenar o influir en la contratación de Copy Depot. (Edición Sábado)