Las recientes denuncias sobre presuntos lobbies en los que supuestamente habrían incurrido ministros de Estado a favor de empresas privadas no hacen más que demostrar que en el país hay un vacío legal sobre la gestión de intereses, tal y como ocurre en países modernos, y que lleva a los representantes de las compañías a buscar el contacto directo con un funcionario, refirió el presidente de la Confiep, Alfonso García Miró. “Hay una reforma pendiente en el Perú en lo que respecta a la legislación para la gestión de intereses y es responsabilidad del Estado, sea Poder Ejecutivo o Legislativo, darla pues mientras haya este vacío legal a las empresas no les queda otra que actuar por el camino del sentido común y la relación directa”, precisó. Para el representante del mayor gremio empresarial del país, no hay nada de malo en hablar con una autoridad para persuadirla de que fluyan los negocios, sin que eso implique ir contra los intereses del Estado y romper las leyes. “Esto no tiene que ser visto negativamente”, anotó. Recientemente, se originó una polémica por la denominada ‘ley Coca-Cola’, proyecto de norma del Poder Ejecutivo que busca que los terrenos sean tasados sobre su valor arancelario y no el comercial. Según el Servicio de Parques de Lima (Serpar), la Corporación Lindley –embotelladora de Coca-Cola en Perú– habría influído para que se haga este propuesta pues mantiene una controversia con la Municipalidad de Lima por un terreno en Pucusana.