La filtración de los correos electrónicos del ex primer ministro René Cornejo ha puesto nuevamente sobre el tapete la actividad del lobby en el país. La develación de mensajes, cuyo contenido sugiere que empresarios y empresas influyen decisivamente en el quehacer del Estado, ha motivado el claro deslinde del Ejecutivo. "Los lobbies no tienen espacio en esta gestión ni en este gobierno", ha dicho la primera ministra Ana Jara.La declaración, empero, ha sido insuficiente para acallar los temores del sector público."Los funcionarios tienen miedo de reunirse con los empresarios para escuchar sus propuestas de iniciativa privada, pues eso podría ser considerado por los políticos como un acto criminal", se quejó una fuente del Ejecutivo a Día_1. La misma aprehensión embarga al sector empresarial. Al margen de si todo lo visto en los ‘Cornejoleaks’ puede calificar efectivamente como lobby, lo acontecido trae a colación un asunto largamente dilatado: ¿Qué debemos hacer con el lobby en el país? ¿Hace falta regularlo?Pocos lo conocen, pero la gestión de intereses (eufemismo para el lobby) está regulada en el Perú desde el 2003 por una ley, la N° 28014. Sin embargo, su difusión es precaria y pasa prácticamente inadvertida para los funcionarios públicos, pese a que su conocimiento debería ser obligatorio para atajar las suspicacias de corrupción.