Una comisión de alto nivel nombrada por el Ejecutivo, presidida por el jurista Carlos Montoya Anguerry, recomendó al presidente Alejandro Toledo que el Poder Judicial, y no un Tribunal Arbitral, resuelve los pedidos de indemnización por montos distintos a los indicados en las sentencias de los tribunalessupranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.El empresario Baruch Ivcher Bronstein reclamó al Estado US$ 47.4 millones, una cifra que no aparecía en el fallo a su favor que emitió la Corte de San José.La comisión expresamente advirtió la inconstitucionalidad de la emisión de una norma que obligara al Estado a someterse a un Tribunal Arbitral, como consta en la documentación redactada por el grupo de juristas, a la que tuvo acceso La República.