En su intento de evitar ser investigado por la comisión del caso Rodolfo Orellana, el congresista fujimorista Pedro Spadaro envió una serie de documentos al grupo parlamentario con el propósito de impedir ser incluido en la lista de presuntos vinculados a la red criminal. El legislador de Fuerza Popular remitió a la presidencia de la comisión un acuerdo del Consejo Directivo, correspondiente al 2008, en el cual dice que las "comisiones ordinarias no tienen competencia para investigar a los congresistas". Asimismo, se señala que solo la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tienen la potestad para investigarlos.