Es escandaloso y denigrante que, en las últimas semanas, justo cuando arrecia la campaña electoral, algunos congresistas estén convirtiendo el foro legislativo en un circo, donde el principal espectáculo es aprobar leyes con nombre propio según los aplausos --y sobre todo los votos-- que genere la platea.Lo último en todo esto ha sido la Ley de Formalización de la Propiedad Informal, aprobada por el Congreso, que solapadamente pretende dar un manto de legalidad a las invasiones, en especial a una que se ha convertido en el símbolo del abuso, la prepotencia y la burla al Estado de derecho: la del Mercado Mayorista de Santa Anita.Esto es realmente intolerable y demanda, otra vez, la urgente intervención del Poder Ejecutivo para poner coto a tan descomunal despropósito legislativo y observarlo.¿Quiénes son estos congresistas a los que no les importa sentar un precedente tan funesto contra el derecho de propiedad y que remecería las bases del sistema legal? ¿Cómo es posible que sus apetitos electoreros y reeleccionistas los lleven a cometer tal barbaridad? ¿Es que no se dan cuenta de que se están convirtiendo en cómplices de un delito aberrante? Como ya ha sido probado hasta la saciedad, el mercado de Santa Anita es una propiedad municipal, que fue invadida por una mafia de invasores encabezada por Herminio Porras en noviembre del 2002. Desde entonces, apoyados en la sopechosa lenidad del Poder Judicial y en los contactos políticos que veían en ellos un bolsón electoral, las mafias de invasores no solo han parcelado el mercado y cobrado por inscripciones fraudulentas, sino que han insistido desvergonzadamente en legalizar lo ilegalizable.Hasta ahora, ciertamente por la presión de la prensa, las autoridades judiciales y parlamentarias se habían mantenido a raya y se desinflaron varios intentos absurdos. Pero en los últimos días la Comisión Permanente del Congreso ha aprovechado para contrabandear el proyecto, con indudable afán electorero.Al respecto, es una maniobra burda, que revela ignorancia o total desprecio por el interlocutor y por los propietarios del mercado, que se diga que recién en el reglamento de la ley se clarificará que no incluye a Santa Anita. ¡Pamplinas! Por el bien del país, de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad, este proyecto de ley, casi con nombre propio, tiene que ser observado. Adicionalmente, desde el punto de vista político, habría que preguntarse: ¿Querrá el presidente terminar su Gobierno, que está concluyendo exitosamente, con una mancha tan ominosa como la capitulación del Estado ante unos delincuentes usurpadores que además privarían a Lima de contar con un mercado mayorista moderno? ¿Cederá el presidente Toledo a la ladina promesa de personajes de su entorno de ponerle al mercado el nombre de su padre, Anatolio, y hacer que cada vez que se lomencione se lo vincule con el más claro ejemplo de informalidad, clientelismo político y abuso de todo tipo de principio legal, lacras contra lo que justamente el presidente luchó asumiendo el pasivo de observar más de 300 leyes basura?