Atrás han quedado los días en que el empresariado mineroenergético se resistía a hablar de "licencia social" o a implementar estrategias de desarrollo comunitario que le pudiesen demandar tiempo y dinero de forma sostenible. Una década de virulenta conflictividad medioambiental ha modificado este ancestral modo de pensar. "Hoy está claro que cumplir con la ley no es suficiente. No podemos pretender que por obtner un permiso de agua o construcción ya tenemos asegurada la licencia social", apunta Diego Ortega, jefe de proyecto de La Granja, megayacimiento de cobre que la británica Río Tinto desarrolla en Cajamarca.(Edición domingo).