Relaciones desconocidas entre abogados y magistrados contaminan más el manejo judicial que ha tenido el caso más emblemático por lavado de activos. El juez que con su decisión contribuyó a impedir que la justicia estadounidense pudiera obtener evidencias contra las empresas del grupo familiar, es amigo íntimo de uno de los abogados claves de los investigados. En junio del 2012, Manuel Loyola, en ese entonces titular del Tercer Juzgado Supranacional, dejó su cargo en manos de un tercero para irse a Bogotá a celebrar la boda de José Luis Castillo Alva, un abogado conocido en el mundillo judicial por ser cercano y útil a los Sánchez Miranda, dueños de Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A. (COMARSA), empresa incluida actualmente en la investigación por lavado. Cuatro meses después de coincidir en ese acto con el mismo Alfredo Sánchez Miranda, el juez Loyola resolvió dos medidas que ayudaron a la familia a eludir las pesquisas de las autoridades estadounidenses. El novio y amigo del juez, José Castillo Alva, es un penalista conocido por los pasadizos de la Fiscalía y la Sala Penal Nacional por su labor editorial.