Los maestros suelen decir "para muestra un botón" y con un ejemplo nos aclaran toda la teoría.La teoría de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos Internacionales nos indica que una de sus principales virtudes es que da garantías a los inversionistas extranjeros que, cumpliendo las normas del país receptor de la inversión (como Perú), logrará determinado resultado y será respetado el mismo.Si un Gobierno o Estado (siguientes gobiernos) no cumplen con tal principio, que a su vez encuentra sustento en las garantías constitucionales razonables (como pueden ser las de legalidad, derecho a la defensa, debido proceso, decisiones razonadas o no arbitrarias, entre otras), entonces debe existir, de no encontrar respuesta y solución en un plazo determinado y bajo términos objetivos en el país receptor de las inversiones, un tribunal arbitral internacional que pueda deliberar sobre tal caso y dar una solución objetiva y justa, no sólo con solución del problema sino también con las indicaciones al gobierno correspondiente de lo que no debe hacer, desincentivando conductas que amenacen a las inversiones, despejando incertidumbres.Venezuela se vuelve un paria de las inversiones, al igual que otros países en Latinoamérica justamente porque no acatan tales fallos o laudos arbitrales internacionales.En un primer momento pareciera que el inversionista extranjero ganará, sin trabajar, a un país; pero en realidad es que será indemnizado porque le despojaron de sus esfuerzos e inversiones realizadas a base de las garantías que tal país receptor le garantizó.Si a uno de nosotros de pronto nos quitaran nuestra casa bajo el argumento vago de que "se ha descubierto algo" sin decir que es ese algo, y sin dar oportunidad a defenderte aún de ese argumento fantasma, nos sentiríamos gravemente afectados por tal arbitrariedad y reclamaríamos ante toda instancia que pudiéramos que nos devuelvan nuestro hogar o nos indemnicen por tal despojo. Si el juez o el árbitro nos devolviera la casa u ordenara la indemnización no sentiríamos que estamos ganando algo sin trabajar, sino que se está reponiendo el daño causado.Estos valores son los que vemos están en juego en el arbitraje internacional interpuesto por la empresa Bear Creek contra el Estado Peruano. Hasta donde se conoce, por las declaraciones que en su momento hicieron tanto los directivos de la empresa minera como los altos funcionarios del gobierno actual, era algo que debió resolverse en los treinta y nueve meses de plazo que establece el TLC y que Bear Creek concedió en su máxima extensión sin respuesta concreta del Gobierno.El precio para Perú de un laudo arbitral que parece inclinarse a favor de la inversión canadiense, significará un considerable costo económico a las arcas peruanas, pero sobre todo a la imagen de un país sin institucionalidad para solucionar casos evidentes, y en consecuencia, cayendo en sus posibilidades de atraer inversión extranjera que mirará dos veces si en realidad existen las garantías que se pregonan, señala José Luis Patiño.