Lo que parecía ser una decisión acertada, terminó siendo, por decir lo menos, perjudicial para el proceso. El 7 de junio pasado la carpeta fiscal del Caso ‘La Centralita’ llegó a Lima por disposición del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y fue enviada a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.Desde un principio, Ramos explicó que el cambio respondía a la gravedad, complejidad y repercusión nacional de este caso, pues los recursos con los que contaba el fiscal anticorrupción Laureano Añanca, quien estaba a cargo de la investigación en el Santa, no eran los suficientes. Hasta entonces, Añanca había conseguido que se dicte las prisiones preventivas para 47 involucrados, incluyendo la del empresario Martín Belaunde Lossio, y ya había solicitado levantar la inmunidad de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, ambos acusados de recibir dinero de la corrupción del Gobierno Regional de Áncash, entonces presidido por el hoy preso César Álvarez.Como primera consecuencia de esta medida, trece audiencias se quedaron, sospechosamente, pendientes de resolver, entre ellas, la orden de prisión preventiva para Milagros Asián, esposa de Álvarez, también acusada de pertenecer a la red de corrupción. Al parecer, había una urgencia de la fiscalía para que este caso sea visto en Lima.