Es un buen paso que la Contraloría General de la República, acogiendo la denuncia de El Comercio, haya solicitado al Organismo de Control Interno (OCI) de Petro-Perú que investigue la documentación hasta ahora mantenida en reserva y la entregue en un plazo máximo de un mes.Sin embargo, independientemente del plazo tan amplio, lo que se espera es una actuación firme e imparcial de la contraloría que, de agotar la vía administrativa y de persistir la rebeldía de los funcionarios de Petro-Perú, estará obligada a denunciarlos ante las autoridades judiciales.El caso es muy grave. No se puede permitir la actitud sospechosa de los altos directivos de la empresa estatal que se niegan reiteradamente a brindar información (esta vez a la Comisión de Fiscalización del Congreso) sobre su planilla y su gestión económica y financiera.Ha costado mucho instituir una nueva cultura de transparencia en la gestión pública; el secretismo de antaño era un abuso burocrático que solo promovía la ineficiencia y la corrupción de todo tipo, por lo que no se puede permitir su retorno.A propósito de ello, se desarrolló incluso la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la que no puede sustraerse Petro-Perú ni ninguna entidad o funcionario público, so riesgo de cometer falta grave y ser sancionado e incluso denunciado penalmente.Dicha norma precisa que la información que producen los organismos estatales es de dominio público y debe publicarse. En este caso, entonces, sería oportuno y legal incluso una acción de hábeas data ante Petro-Perú por parte de cualquier ciudadano.Luego, debe quedar claro que Petro-Perú, aunque de derecho privado, es básicamente una empresa pública: el Estado es propietario del 100% de sus acciones y ejerce representación en su directorio a través del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe, entidad que a su vez depende del Ministerio de Economía).Por lo demás, aun en el supuesto negado de que fuera una empresa privada, tendría asimismo que sujetarse a la fiscalización de la Conasev y de la Sunat, entre otras entidades.Por si esto fuera poco, hay razones prácticas que ameritan la apertura total de Petro-Perú al escrutinio público: No solo porque se trata de la empresa más grande del Estado, sino por la polémica gestión de sus directivos durante este gobierno.Efectivamente, en los últimos años y meses se ha denunciado una serie de irregularidades que van desde el desvío de partidas para remodelar Palacio de Gobierno hasta la contratación amañada de peruposibilistas en la entidad, pasando por graves denuncias de suscripción de contratos indebidos.Con todos estos antecedentes, permitir un manejo solapado de las cuentas de Petro-Perú sería realmente temerario, por lo que los organismos contralores tienen que asumir una actitud severa de cero tolerancia.En cuanto al presidente Toledo, si quiere ser congruente con su mensaje de lucha contra la corrupción, no puede dejar la oportunidad de exigir transparencia total en la gestión de la empresa petrolera estatal. Más que un llamado de atención, lo único que cabe políticamente es destituir a los funcionarios que se aferran escandalosamente a prácticas oscurantistas y sospechosas.