Ante el incumplimiento de la minera Catalina Huanca, los pobladores de la comunidad ayacuchana Raccaya evalúan tomar medidas radicales, como el paro y la movilización que hicieron en el 2012, y que culminaron con el compromiso de indemnizarlos por la contaminación de sus tierras.Luis Aronés, representante de esa comunidad, recordó que la empresa se comprometió a pagar a la población afectada 25 mil dólares por derecho de servidumbre y 30 mil dólares por usar terrenos comunales, lo cual ocasionó huaicos en sus terrenos.Además, debió continuar con campañas médicas y programas de nutrición en beneficio de 600 pobladores, así como comprar una máquina excavadora para la comunidad a fin de mejorar las vías de acceso.(Edición domingo).