Luego que el fin de semana, la Corte Superior de Justicia de Lima confirmara la resolución por la cual se obliga a Doe Run a pagar al Estado peruano US$ 163 millones por no haber construido una planta de ácido sulfúrico y el circuito de cobre en el complejo metalúrgico de La Oroya, los pasos que siguen parecen ser más que auspiciosos.Así lo dejó entrever la administradora concursal de la empresa, Rocío Chávez, quien señaló que el citado fallo no hace más que ratificar la situación que se tenía el 9 de junio último, donde el Ministerio de Energía y Minas se erige como el principal acreededor de Doe Run. Ahora bien, con la decisión judicial en mano, Chávez señaló que en la próxima junta de acreededores a realizarse entre el 19 y 22 de agosto se tomarán decisiones claves en cuanto al futuro dela empresa.
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