Las campañas electorales -se supone- deben servir para poner en discusión los grandes problemas nacionales y los distintos enfoques para solucionarlos. En la actualidad, son tan pocos los intentos por hacerlo y tan rápidamente ahogados por la mediocridad y el escándalo, que la frase inicial suena a chiste de mal gusto.Afortunadamente, por detrás de la campaña suceden cosas interesantes. Esta semana, por ejemplo, se ha hecho pública una declaración "por una minería con responsabilidad social y ambiental", promovida por el Grupo de Diálogo sobre Minería y Desarrollo Sostenible.El Perú ha sido y es un país minero. Hoy por hoy, sin minería, la economía colapsaría. Pero, a la vez, esta actividad tiene un pasado negro (y en algunos casos no solo pasado) que afectó a las comunidades de su entorno y causó desastres ambientales. La riqueza que históricamente generó sirvió de muy poco para el progreso de las regiones mineras. Hay, por eso, muchísimos que se oponen a su desarrollo y el sector es el que enfrenta la mayor conflictividad social.De allí lo extraordinario de la declaración suscrita -luego de tres años de diálogo- por representantes de empresas mineras de la importancia de Barrick, Antamina, Newmont-Yanacocha y Buenaventura (los 'ogros'); ONG ambientalistas y de desarrollo local, Labor y Oxfam entre ellas (los 'cucos'); y también autoridades locales, dirigentes de comunidades y altos funcionarios estatales.Ogros y cucos plantean una visión compartida de lo que debe significar la minería en el Perú en el año 2021: "La minería ha contribuido con el desarrollo sostenible del país como un importante sustento y socio estratégico de la sociedad civil y del Estado, aportando a la diversificación de la economía y a la igualdad de oportunidades de las poblaciones locales. Su crecimiento ha sido ordenado y basado en la estabilidad jurídica y social del país". Los firmantes reconocen que en las raíces de la conflictividad en torno a la minería están "las condiciones de desigualdad, pobreza extrema y sensación de exclusión que viven importantes sectores de nuestra población, en particular en aquellas zonas donde existen inversiones mineras y la débil autoridad y precaria gobernabilidad democrática, en particular por un Estado que está ausente o que, a pesar de su presencia, carece de autoridad y capacidades para cumplir con sus roles constitucionales". Pero también que "los niveles de desconfianza, incomunicación y prejuicios que existen entre los distintos actores de la minería han terminado por distorsionar el alcance de las diferencias y bloquean la posibilidad de encontrar soluciones concordadas".Los firmantes coinciden en que la minería debe ser un factor de desarrollo local y nacional, y en ningún caso un enclave de prosperidad en un mar de pobreza y abandono; que la forma de comunicarnos entre peruanos no puede ser solo la protesta y la violencia, ni el desconocimiento de los derechos o justos reclamos de la población. Aceptan, todos, la legitimidad de la confrontación de ideas y el ejercicio de la movilización social en el marco de las leyes y el respeto a la propiedad pública y privada. A la vez, los firmantes promueven y destacan las buenas prácticas sociales y ambientales en la minería.Por supuesto que hay muchos que ven al diablo escondido detrás de una declaración como esta. Hay empresas mineras que creen que pueden seguir operando como si estuviéramos en la Colonia, pero también grupos radicales que viven del conflicto y siempre se opondrán a cualquier compromiso para el desarrollo del país. El camino por delante estará inevitablemente lleno de dificultades, pero estamos ante un avance muy alentador. Un documento sobre el que los partidos en campaña debieran pronunciarse y, ojalá, hacerlo suyo, señala Carlos Basombrío.(Edición domingo).
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