En un país dividido social y políticamente como el Perú, donde, además, la desconfianza es moneda corriente, el hecho de que representantes de instituciones tradicionalmente enfrentadas sean capaces de conversar y tomar acuerdos -aun cuando expresen todavía una "carta de intención"- es una excelente noticia. El acuerdo 'Por una minería con responsabilidad social y ambiental' ha sido firmado por representantes de gobiernos locales, frentes de defensa, redes vinculadas a la minería, organizaciones no gubernamentales y por empresarios y funcionarios relacionados a las empresas mineras Buenaventura, Antamina, Newmont y Tintaya.El documento propone construir "una visión compartida de un Perú megadiverso y democrático, trabajando juntos por la igualdad de oportunidades de todas y todos los peruanos". Se plantea, en un mediano plazo, convertir a la minería en un factor del "desarrollo sostenible del país como un importante sustento y socio estratégico de la sociedad civil y del Estado". Revisando el punto específico sobre cómo entender los conflictos en la minería, las personas e instituciones involucradas han logrado un importante avance al señalar que una de las causas más trascendentales son "las condiciones de desigualdad, pobreza extrema y sensación de exclusión que viven importantes sectores de nuestra población, en particular en aquellas zonas donde existen inversiones mineras". Otra causa señalada en el comunicado es que las "autoridades y líderes locales, amplios sectores de comunidades y empresas perciben al Ministerio de Energía y Minas como una entidad parcializada, poco creíble y que cumple un doble rol, de juez y parte, en la promoción de la inversión minera y la fiscalización de sus actividades". Se habla también de "la existencia de intereses diversos entre actores de la minería de índole política, económica y cultural. Esta diversidad requiere ser expresada y comprendida, pues, de lo contrario, se producen situaciones de antagonismo y confrontación".Entre los acuerdos y compromisos "para que la minería aporte al desarrollo sostenible" proponen que "la minería debe ser un factor de desarrollo local y nacional, y en ningún caso un enclave de prosperidad en un mar de pobreza y abandono". Como un compromiso concreto, plantean "promover la creación de una Autoridad Ambiental, independientemente de la regulación del Ministerio de Energía y Minas". Asimismo, que "las empresas avancen en su responsabilidad social y ambiental, aplicando con coherencia sus códigos de conducta, reconociendo a las autoridades y organizaciones sociales locales y a sus legítimos representantes, respetando los derechos laborales y sometiéndose a certificaciones de calidad ambiental y social".Es evidente que este comunicado expresa un punto de vista común bastante más democrático e integrador que el de muchos altos funcionarios de diversos sectores del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Energía y Minas y oficina del Primer Ministro, por ejemplo). Los candidatos presidenciales tienen en este documento, además, un excelente material para elaborar políticas de Estado para un sector especialmente importante, pues supera las fáciles satanizaciones entre los involucrados en el quehacer minero, señala Santiago Pedraglio.(Edición domingo).
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