Las actividades ilegales de la organización que lideraba el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, a quien se le atribuye haberse dedicado al lavado de activos, no podrían haber prosperado sin el concurso de magistrados, fiscales, secretarios, peritos, notarios y conciliadores, de acuerdo con la Procuraduría Anticorrupción. En esa línea investigativa, el organismo ha identificado a diez jueces que se prestaron a las maniobras de Orellana para apropiarse de inmuebles y desactivar las denuncias en su contra interpuestas por los agraviados. El procurador anticorrupción Christian Salas Beteta ha solicitado al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, que investigue a diez magistrados por su vinculación con la organización criminal de Rodolfo Orellana. Los acusa de asociación ilícita, cohecho pasivo propio (soborno) y encubrimiento en agravio del Estado.La lista la encabeza el presidente de la Corte Superior de Ucayali, Francisco Boza Olivari. De acuerdo con la Procuraduría Anticorrupción, en la gestión de Boza la red de Orellana pudo conseguir en su jurisdicción -y a cambio de dinero- una serie de resoluciones favorables a sus intereses. También son mencionados los titulares del 19º y el 35º Juzgado Penal de Lima Héctor Bendezú Cuéllar y Juan Changanaquí Romero, respectivamente. Además, la jueza provisional del 45º Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, María Carrasco Matuda, y el juez especializado en lo Civil del distrito judicial de Chincha, Félix Cáceres Casanova.