La red del abogado Rodolfo Orellana tuvo tentáculos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y en el Poder Judicial que le permitieron apropiarse ilícitamente de diversos inmuebles.A esa conclusión llegó el procurador anticorrupción, Christian Salas, quien presentó ayer un escrito ante el Ministerio Público para que se investigue a una serie de funcionarios y magistrados vinculados a dicha red.De esta manera, pidió que sean comprendidos los registradores de Lima Pedro Guzmán, Adriana Delgado, María Zaplana, Douglas Arámbulo (asistente registral de Huacho) y Álex Trujillo (servidor registral de Huaral). Asimismo, María Carrasco (jueza provisional del 45° Juzgado Penal de Lima), Félix Cáceres (juez especializado de Chincha), Hermes Meneses (secretario judicial de Chincha), Héctor Bendezú (juez del 19° Juzgado Penal de Lima), Juan Changanaqui (juez del 35° Juzgado Penal de Lima), Francisco Boza (presidente de la Corte de Ucayali). Incluye, de igual modo, a magistrados de Yarinacocha, Atalaya y del Santa.