En julio del año pasado el pleno del Congreso aprobó la ley contra el crimen organizado. La norma establece las reglas y procedimientos para la investigación y juzgamiento de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, entre otros.Después de que la ley fue respaldada por el Ejecutivo, ahora enfrenta problemas en su financiamiento.La norma señala que debe entrar en vigencia el 1 de julio del presente año, es decir en tres días. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer en un informe enviado al Parlamento el 13 de junio que no puede destinar el dinero para aplicar la nueva ley.¿Entonces quién se hace cargo? El propio MEF indicó que el presupuesto está a cargo de las instituciones involucradas, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía. Frente a dicha respuesta, el congresista Javier Velásquez Quesquén aclaró que la ley promulgada establece que "el Tesoro público debe aportar los recursos necesarios para la ejecución".
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