La decisión de dictar prisión preventiva contra el presidente del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se fundamentó en el informe de la Contraloría General de la República, que detectó once casos de presunta corrupción en obras por S/. 130 millones. Esta entidad confirmó este hecho luego de que la acción de control en el gobierno regional de Cajamarca encontrara presuntas irregularidades que involucrarían al titular de dicha entidad, varios funcionarios y contratistas del Estado. Refirió que las acciones de control permitieron formalizar y continuar la investigación preparatoria de la denuncia fiscal por parte de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público.