Las medidas propuestas por el gobierno de Ollanta Humala sobre los contratos de estabilidad tributaria -convenios que garantizan que los tributos no sufrirán modificaciones por un plazo determinado- para dinamizar las inversiones mineras, lejos de su cometido, podrían crear confusión e incluso discriminación en la industria, según tributaristas y empresarios.El primer argumento en contra de las medidas es que levanta la valla del monto de inversiones y disminuye los plazos de los convenios vigentes, lo que beneficia, sobre todo, a la gran minería. Así, aumenta en 10 veces la inversión inicial de aquellas operaciones cuya inversión mínima es de US$2 millones, y la pasa a US$20 millones.Mientras que en el caso de inversiones cuyo compromiso inicial es un mínimo de US$20 millones se ha elevado en cinco veces (a US$100 millones), y se reduce el plazo de la garantía, de 15 años a 12 años."Las cifras del año 1992 [redactadas en los contratos vigentes] son obsoletas, pero no vayamos al otro extremo de fijar vallas tan altas, que lamentablemente van [a limitar los convenios] a cuatro o cinco mineras", afirmó José Miguel Morales, gerente de Asuntos Legales de Buenaventura."Las medidas son confusas y no consecuentes con un paquete que promueve la inversión", dijo Iván Chú, socio del área tributaria de la firma de abogados Payet.Otra propuesta que genera desazón a más de uno, dado que en los últimos meses causó controversia entre las mineras y la Sunat, es la restricción a estos convenios de las inversiones adicionales por debajo de los US$250 millones.