El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, transmitió al presidente del Congreso, Fredy Otárola, su preocupación por algunas disposiciones en materia ambiental que contiene el proyecto de ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión."Nuestra institución observa con suma preocupación que el proyecto de ley impide al OEFA cumplir a cabalidad sus funciones de fiscalización y sanción; lo que implicaría un retroceso en la institucionalidad y la gestión ambiental (artículo 19º del proyecto)", señala un oficio enviado por Vega al titular del Parlamento.Explica que ese artículo establece que, durante tres años, el OEFA estará limitado sustancialmente de cumplir su función legal de imponer sanciones a los infractores ambientales, salvo cuando la empresa supervisada incumpla con el deber de implementar las medidas correctivas establecidas por dicha entidad."Aún en este caso, el límite de la multa impuesta no podrá superar el 35% del importe actual", dice.
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