"Cuando el ministro del Ambiente -Manuel Pulgar- me preguntó si el proyecto del Ejecutivo (para reactivar la economía) podría menoscabar la fiscalización ambiental, le respondí que no", reveló Hugo Gómez, presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).Se refería a la parte del proyecto que prorroga por tres años la aplicación de procedimientos sancionadores por parte del OEFA, el cual dispone que podrá iniciar tales procesos solo de forma excepcional, y que, además, recorta a no más del 35%, las multas que -en dicho período- ese organismo imponga por infracciones a la normativa ambiental.Gómez explicó que, en la práctica, OEFA llega a la etapa de imposición de multas solo de manera excepcional, pues a la fecha de las 5,517 supervisiones a la minería, energía, pesca y manufactura, solo el 1.7% han terminado en multas firmes."Es un proyecto de ley en el que, evidentemente, hay un mensaje político del Ejecutivo, que le dice al empresariado: mira, estamos buscando más racionalidad, creemos más en la remediación que en el sistema punitivo", comentó Gómez.
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