La parte más relevante del último paquete reactivador es, sin duda, la ambiental, largamente esperada por un sector mineroenergético cuyos esfuerzos exploratorios y extractivos están al borde de la parálisis por la maraña burocrática que los envuelve. Si los menores precios de los commodities y el encarecimiento de los insumos de por sí restaban viabilidad a diversos proyectos de envergadura (que el país necesita a gritos para recuperar su crecimiento potencial), lo que terminaba de enterrarlos era la inexplicable lentitud de la impredecible ‘tramitología’ local. Queda claro que no solo las empresas mineroenergéticas están desesperadas ante este escenario. También lo está el Gobierno, que parece finalmente convencido de que un deterioro más pronunciado de la economía podría incluso revertir la tendencia decreciente del índice de pobreza. Y si eso ocurriera, el desplome de la confianza empresarial y ciudadana sería prácticamente incontenible. Dicho esto, debo decir que hay cambios ambientales que me parecen sensatos y otros no tanto. Es completamente exagerado decir que este paquete significa “la partida de defunción del Minam” y “la desprotección total de nuestros recursos naturales”, como también es falso afirmar que hay una oposición generalizada en el empresariado a la mera existencia de estándares ambientales. La principal queja del sector mineroenergético es procedimental antes que sustantiva: los plazos están para cumplirse y los EIA no pueden demorar una eternidad en ser aprobados. Tienen razón en ello y también en que las multas no deberían financiar a las entidades fiscalizadoras, porque se convierten en incentivos perversos. Del mismo modo, tiene sentido que los sectores productivos participen en la fijación de los estándares ambientales, aunque esto no debería instrumentalizarse como un derecho a veto. Lo que es más difícil de digerir es lo que se ha propuesto para la OEFA. Es cierto que esta ha cometido excesos, pero limitar su accionar por tres años no resuelve el problema de fondo (su debilidad institucional y desempeño subóptimo) y parece, más bien, una medida improvisada para darle un respiro al gobierno en lo que resta de su mandato. Esto último escapa al objetivo loable de racionalizar los excesos burocráticos y será previsiblemente interpretado como una voluntad de supeditar la protección ambiental a la promoción de inversiones, como si lo segundo fuese más importante que lo primero. Lo que habría que transmitir, más bien, es que son (o deberían ser) perfectamente compatibles, si se evitan los excesos de ambos lados.Tras detallar algunas de esas medidas, el ministro Luis Miguel Castilla ofreció ir al Congreso “la semana entrante a sustentarlas”. Nueve días después, el jueves 19 de junio, dos de los proyectos en mención recién llegaron al Legislativo, un día antes de que culmine la primera ampliación de segunda legislatura, que debió finalizar oficialmente el 15. Punto en contra.Con el marcador igualado en lo que parece ser el partido más importante para el Gobierno, que no quiere poner en juego lo avanzado en la lucha contra la pobreza, lo sui géneris del paquete es que abarca distintos frentes y con facilidad pasa de lo tributario a lo ambiental, sin dejar de lado algunas medidas administrativas encaminadas a promover la inversión.Se trata, pues, de un conjunto de normas que buscan corregir -a todas luces- los errores que en el camino fue encontrando en los diferentes niveles de gobierno el equipo especial de seguimiento de la inversión creado por el MEF hace poco más de un año.¿EMPRESARIOS A GUSTO?Frente a ese panorama, existe una clara preocupación por parte del empresariado, que además de haber disminuido sus expectativas de contratación de personal, también es menos optimista con relación al futuro de nuestra economía.Pero más allá de la oportunidad tardía del paquete, las medidas que lo forman parecen no haber sido suficientes. Para el ex presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, si bien estas "tienden a recuperar la confianza del empresariado, para tener una confianza absoluta es necesario que se aprueben en breve".Y aunque para el empresario se ha hecho un gran esfuerzo para atacar temas que eran bastante difíciles, la verdadera recuperación se verá más adelante. ¿Cuándo? Después de que se retome el ritmo de la inversión privada. "No creo que el efecto en las cifras mensuales del PBI sea inmediato", afirmó.Como otrora cabeza de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), "sector en el que existen actividades paralizadas desde hace tres años y sin avances", Pedro Martínez, quien no se anima a dar un pronóstico de lo que podría ocurrir, reconoce el carácter reactivo de las medidas, que "son una clara respuesta al clamor general de los gremios empresariales que en reiteradas oportunidades han solicitado soluciones con urgencia para que la inversión siga fluyendo".