El Gobierno finalmente envió al Congreso dos normas que intentan dinamizar la economía. Se trata del proyecto de ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de las inversiones en el país; y el proyecto de ley de contrataciones del Estado, para así revertir los resultados adversos experimentados en los primeros meses del año.El primer proyecto de ley abarca desde aspectos laborales, impulso a las pequeñas y medianas empresas, hasta aspectos de simplificación tributaria, impulso a la inversión de grandes proyectos (mineros, hidrocarburos, construcción).Dentro del paquete de medidas, llama poderosamente la atención la flexibilización de aspectos relacionados con la fiscalización ambiental, los que, en buena medida, estarían deteniendo el desenvolvimiento de las grandes inversiones.Estos trámites agobian al sector minero-energético. Como se recuerda, Ricardo Briceño, ex presidente de la Confiep, identificó más de 180 cuellos de botella, lo que justificaría la decisión del Gobierno.Para destrabar este nudo, el Ejecutivo propuso un paquete de normas que flexibilizan la normativa ambiental y recortan las prerrogativas del Ministerio del Ambiente (Minam) y sus órganos de línea: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp).¿Qué propone el Gobierno? En primer lugar, regular las funciones del OEFA en atención a las criticas del sector minero-energético, que se queja de su desmedida severidad sancionadora.