Uno de los reclamos más recurrentes del sector empresarial es contra las trabas que imponen, principalmente, las municipalidades a la ejecución de sus proyectos de inversión.De acuerdo con el proyecto del plan reactivador, enviado en la víspera por el Ejecutivo al Congreso, actualmente los contribuyentes (entre ellos, las empresas) deben solicitar ante los gobiernos locales diversas autorizaciones, derechos de tramitación y licencias que muchas veces tienen tasas que pueden llegar a ser confiscatorias, pues utilizan criterios desiguales basados en la discrecionalidad de los funcionarios designados, lo que hace que los contribuyentes asuman el pago de tasas sin sustento normativo ni técnico.En este contexto, se propone que las municipalidades uniformicen el marco para la imposición de estas tasas, lo que brindará mayor seguridad jurídica al contribuyente, y en especial a los inversionistas; así como estos tendrán predictibilidad en los montos a considerar dentro de su inversión.
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